Conrado Íscar firma el Manifiesto de los presidentes de las diputaciones del Partido Popular.
En el contexto político actual, las diputaciones provinciales del Partido Popular reafirman su compromiso con la igualdad y la solidaridad territorial, en un momento en el que estos principios están siendo gravemente amenazados por las cesiones que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas para asegurar su permanencia en el poder. Estas concesiones, como la amnistía inconstitucional a los autores de graves delitos contra el Estado y la propuesta de excluir a Cataluña del sistema común de financiación autonómica, socavan los pilares fundamentales del Estado autonómico y ponen en peligro la cohesión territorial y la unidad de España.
En más de 200 años, las administraciones locales han sido fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad en todo el territorio nacional, siempre en línea con los principios establecidos en la Constitución de 1978. Hoy, más que nunca, la defensa de este modelo territorial equilibrado es crucial frente a los intentos del Gobierno socialista y sus socios de introducir un sistema asimétrico y confederal, donde unos pocos territorios obtienen privilegios a costa de la solidaridad de todos los españoles.
Las diputaciones provinciales, como instituciones claves en la vertebración del territorio, deben afrontar los desafíos que plantea el actual proceso de desmantelamiento de la igualdad territorial. No solo están comprometidas con la lucha contra el éxodo rural, sino que actúan como diques de contención frente a políticas que, de aplicarse, debilitarían el tejido social y económico de las regiones menos favorecidas.
El Partido Popular, un partido autonomista que defiende la unidad de España y la solidaridad entre territorios, rechaza cualquier intento de fragmentar el modelo de Estado a través de negociaciones bilaterales que favorezcan a unos pocos y que, a largo plazo, perjudiquen al conjunto del país. Frente a estos peligros, nuestras diputaciones, cabildos y consells se comprometen a trabajar por un nuevo modelo de gestión que fortalezca su capacidad de garantizar servicios públicos de calidad, y a reclamar una financiación adecuada que les permita cumplir con sus competencias en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Nuestras demandas más apremiantes y compromisos se concretan en estos 10 puntos:
- Instamos al Gobierno de España a acometer una reforma integral del Sistema de Financiación Local, que garantice que las administraciones locales puedan cumplir sus competencias con la calidad que merecen todos los ciudadanos, sin importar dónde residan.
- Rechazamos cualquier acuerdo que implique un cupo independentista, por el profundo agravio que generará al resto de territorios y al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución.
- Nos comprometemos, y pedimos a todas las administraciones públicas, a trabajar en una verdadera cooperación interinstitucional entre administraciones locales, comunidades autónomas y el Estado, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y eliminar duplicidades innecesarias.
- Reivindicamos nuestra participación activa en el diseño y gestión de los fondos europeos, y exigimos que las convocatorias destinadas a la administración local sean accesibles y se ajusten a la realidad y necesidades de nuestros municipios.
- Exigimos al Gobierno de España que resuelva, de manera urgente, el déficit de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, una situación que pone en riesgo la adecuada gestión de nuestras competencias.
- Nos comprometemos a perfeccionar el modelo de asistencia integral a los municipios, con el objetivo de convertir a las diputaciones en auténticas consultoras públicas al servicio de los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 20.000 habitantes.
- Impulsaremos planes de simplificación normativa, para facilitar la agilidad administrativa y fomentar la iniciativa empresarial, en particular en el medio rural, donde este tipo de medidas son esenciales para el desarrollo económico.
- Nos comprometemos a reforzar la administración electrónica en nuestros municipios, como garantía de igualdad entre el medio rural y el urbano, y a acelerar la reducción de la brecha digital, imprescindible para el desarrollo sostenible de nuestros territorios.
- Exigimos al poder legislativo que incorpore el principio de ruralidad en la elaboración de las normas, para que las soluciones legislativas no sigan respondiendo exclusivamente a problemas urbanos, sino que se adapten a las realidades del medio rural.
- Reclamamos al Gobierno de España la aprobación de un Estatuto Básico del Pequeño Municipio y la adopción inmediata de medidas efectivas y concretas para sostener e incrementar la población en los pequeños y medianos municipios, evitando así la despoblación y garantizando el futuro de nuestras zonas rurales.