- Los populares anuncian una recogida de firmas para apoyar las medidas del plan antiokupación del PP.
- Los parlamentarios Nacionales del PP de Valladolid acompañados de la alcaldesa de Renedo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santovenia y concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valladolid han presentado la nueva ley esta mañana en la C/ Caamaño.
- Alonso comunica que “presentarán mociones en los ayuntamientos de la provincia para que se retraten el resto de formaciones políticas”, ante un problema que genera inseguridad en los municipios vallisoletanos.
El alcalde de Villalón y diputado nacional por Valladolid, José Ángel Alonso, ha informado hoy de que el Partido Popular va a llevar a cabo “una ofensiva política contra la ocupación ilegal, para defender la convivencia y la propiedad privada”, con una serie de propuestas encaminadas a lograr “que se pueda echar a un okupa en un máximo de 12 horas”.
“La ambigüedad del Gobierno de Sánchez e Iglesias blanquea la ocupación como forma de acceder a una vivienda, cuando se trata de un delito” ha apuntado Alonso, durante una rueda de prensa en el barrio de las Delicias de Valladolid en la que ha estado acompañado por el también diputado nacional Eduardo Carazo, y los Senadores, Mercedes Cantalapiedra y Alberto Plaza, así como por los representantes populares de algunos de los municipios más afectados por la ocupación en la provincia de Valladolid, como la Alcaldesa de Renedo de Esgueva o el Portavoz popular en Santovenia de Pisuerga.
Los populares promueven una Proposición de Ley Orgánica que defina claramente el concepto de ocupación ilegal de vivienda. Sobre esta base, contemplan propuestas como el desalojo en un plazo de 12 horas, el endurecimiento de las penas del delito de usurpación hasta los 3 años, la consideración como nula de la inscripción de “okupas” en el Padrón Municipal, o nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal.
Además, refuerza los instrumentos en manos de las comunidades de propietarios, facilitando medidas preventivas.
En esta línea, Alonso ha comunicado que, “ante este problema que preocupa tanto a los vallisoletanos, el PP está presentando mociones en los ayuntamientos de la provincia, así como también en la Diputación de Valladolid”, resaltando que las demás formaciones políticas “tendrán que retratarse: o están contra la ocupación ilegal, o la justifican, como hizo el vicepresidente Iglesias en el Congreso”.
Valladolid ha saltado a la actualidad nacional como una de las provincias afectadas por la proliferación de las okupaciones. Este fenómeno ha crecido a nivel nacional en más de un 50% en los últimos años, alcanzando las 7.450 denuncias en el primer semestre de 2020 -más de 40 al día-.
Por su parte, la senadora Mercedes Cantalapiedra ha denunciado que “como hemos visto en Santovenia, en Renedo y en Valladolid en barrios como Delicias o Parquesol, son los propios vecinos los que se tienen que proteger de esta situación, ante el abandono del gobierno socialcomunista que incluso justifica la ocupación de viviendas”.
Cantalapiedra ha anunciado una recogida de firmas, “a través de internet, desde las sedes del partido y con un punto de recogida de firmas que estará disponible en la Calle Caamaño de la capital vallisoletana durante la mañana y la tarde del sábado 17 de octubre”, respetando todas las medidas sanitarias necesarias.
El PP ha lanzado esta campaña para que los vallisoletanos puedan apoyar el plan antiokupación del PP, como la única alternativa presentada para frenar esta lacra. Alonso anima a los ciudadanos a que apoyen con su firma el Plan, “no porque se trate de una iniciativa del PP, sino porque es una cuestión de justicia que no depende de partidos políticos”.
Desde el Partido Popular recuerdan que han presentado numerosas iniciativas para atajar la ocupación ilegal. En 2018 consiguieron aprobar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde entonces, han registrado propuestas que culminaron con la presentación de una proposición de ley antiokupación en la pasada legislatura que no pudo ser aprobada por la moción de censura al gobierno del PP, y que ahora se ve complementada por el nuevo texto que llevan al Congreso de los Diputados.
Finalmente, defienden el modelo de políticas sociales del Partido Popular, que facilita el acceso a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad como parte de las medidas de apoyo.