En un encuentro mantenido con los representantes de 14 asociaciones y sindicatos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal, los parlamentarios nacionales del PP han explicado las 40 enmiendas que han presentado a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Representantes del Partido Popular de Valladolid, encabezados por los diputados nacionales José Ángel Alonso y Eduardo Carazo, han mantenido durante la mañana de hoy una reunión con las principales asociaciones y sindicatos de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de la provincia ante la preocupación por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Se trata de una reforma que invierte la carga de la prueba, que trata a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como delincuentes y con la que pierden en los atestados la presunción de veracidad”, ha criticado José Ángel Alonso.
En el año 2015 el Partido Popular aprobó una Ley de Seguridad Ciudadana con la que el PSOE ha gobernado durante tres años. En el mes de octubre del año 2020 se admitió a trámite la Proposición de Ley del PNV para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no es hasta el mes de noviembre de 2021 cuando se activa su tramitación, “un claro ejemplo de que es un trueque más del señor Sánchez para mantenerse en La Moncloa, cambiando a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por sus presupuestos, y nosotros queremos denunciar esta situación”, afirma el diputado nacional.
Ante este escenario, el Partido Popular ha presentado 40 enmiendas dirigidas a que la Ley se mantenga como está, “porque los propios afectados reconocen que ha sido muy positiva para poder desempeñar su función”, explica Alonso, quien también ha informado de que han presentado dos enmiendas nuevas para castigar las okupaciones y los homenajes a condenados por terrorismo.
Desde su aprobación, la Ley de Seguridad Ciudadana se reveló como uno de los instrumentos fundamentales con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista, por lo que su derogación o modificación sustancial daría oxígeno a esa amenaza, nos haría más débiles frente al terror. Además, desde el PP de Valladolid defienden que esta Ley ha sido fundamental para la aplicación de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia del Covid y utilizada de forma masiva por el Gobierno.
En el encuentro mantenido hoy entre diputados, senadores, procuradores y concejales del Partido Popular de Valladolid y 14 asociaciones de Policía y Guardia Civil de la provincia, los populares les han manifestado su apoyo y respaldo “porque tenemos claro que la seguridad de los agentes es la mejor garantía para la propia seguridad de los ciudadanos. Si ellos no pueden desempeñar sus funciones con garantías, no es solo un problema para ellos, también lo es para todos los ciudadanos porque vamos a tener ciudades, pueblos y provincias menos seguros”, explica Eduardo Carazo, quien ha añadido que esta situación es la que está impulsando la parte radical del Gobierno.
Carazo ha mantenido que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado representados en la reunión han explicado su preocupación porque se quite autoridad y “nosotros lo que queremos es poner en valor el gran trabajo que hacen los agentes, con el que ayudan a que el resto de los ciudadanos podamos vivir con tranquilidad y seguridad”, afirma el diputado nacional.